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¡Jóvenes a la obra!
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En el Perú, nueve de cada diez jóvenes empleados son informales. Si bien el país se ha insensibilizado ante las cifras de informalidad laboral, este dato debería ser un llamado de atención sobre las condiciones de trabajo de la gran mayoría que recién empieza a integrarse como miembro productivo de la sociedad.

Las consecuencias son diversas. La informalidad laboral y la baja productividad asociada forman una de las principales barreras al desarrollo nacional y a la reducción de la pobreza. La única manera de aumentar el nivel de ingreso de los jóvenes es incrementando su productividad y empleabilidad, pero trabas regulatorias hacen el trabajo formal demasiado costoso y rígido. Así, varias medidas diseñadas para favorecer a los trabajadores perjudican a quienes más apoyo necesitan. 

Además, las capacitaciones y la experiencia laboral formal tienen mucho más impacto cuando se dan en jóvenes, quienes aprovecharán lo aprendido durante los varios años laborales que les quedan. La rentabilidad de dar experiencia laboral adecuada a un joven, así, es mucho más alta que dársela a alguien que está a la mitad de su vida productiva. Sin embargo, cuando la tasa de desempleo juvenil es cuatro veces mayor que la tasa de desempleo adulta y el 89% de menores de 24 años que sí tienen empleo carece de entrenamiento formal, su productividad y empleabilidad futura disminuyen de manera dramática.

Asimismo, el problema de inseguridad ciudadana es en parte consecuencia de las pocas oportunidades que enfrentan los menores de 24 años. Para muchos, el crimen es un sustituto al trabajo formal al que no se puede acceder. Según el Ministerio de Trabajo, casi uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja.

Dado que los jóvenes saben que enfrentan poquísimas oportunidades laborales en el sector formal, eligen prepararse menos de lo necesario. Esta menor preparación, a su vez, hace que los jóvenes sean menos competitivos de lo que las empresas formales desean, y su interés por contratarlos se reduce. Así se termina por cerrar el círculo vicioso que los empuja al desempleo y la informalidad. 

En este contexto, el gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley que busca facilitar la contratación de jóvenes a través de una disminución de casi 25% en los costos laborales totales con respecto al régimen general del trabajo, mayor flexibilidad contractual y crédito tributario para las empresas que usen la nueva modalidad de contrato. El gobierno estima que, en los próximos cinco años, 263 mil jóvenes entrarían a la formalidad gracias a esta iniciativa, lo que representa más del 20% del número de desempleados juveniles. Si bien existen aún ciertos aspectos por mejorar y aclarar, el proyecto es positivo y cumple con promover la contratación de un grupo que se encuentra en especial desventaja. 

Por supuesto, hay quienes consideran que la norma recorta los beneficios laborales de los jóvenes y que, por tanto, los discrimina. Lo cierto, sin embargo, es que solo el 10% de jóvenes accede a los beneficios del régimen general del trabajo. La mayoría está hoy desempleada o trabaja sin acceso a un seguro de salud, vacaciones, CTS ni condiciones mínimas de seguridad. Es hora de empezar a legislar para las mayorías y dejar atrás los cantos de sirena que tanto daño hicieron en el pasado.

(Artículo publicado en El Comercio el 17 de noviembre de 2014)

 
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